En el Caribe Hispanoparlante el surgimiento de la Economía Social se desarrolló en forma casi paralela al movimiento cooperativista europeo de la segunda mitad del siglo XIX, auspiciado por los inmigrantes del viejo continente, la iglesia y el movimiento sindical socialista. Se crearon en Costa Rica la Sociedad de Beneficencia Alemana (1853), en Colombia la Sociedad Mutuaria de Caridad (1864), en México la Cooperativa Agrícola (1873), en Honduras La Sociedad de Ladinos (1876), en Puerto Rico la Cooperativa “Amigos del Bien Público “(1877), 1890 en Venezuela entre otras experiencias, dando paso a una gran diversidad de modalidades (cooperativas fundaciones, mutualismo, empresas publicas asociativas. etc.), bajo la premisa de constituir organizaciones sin fines de lucro, de propiedad colectiva de los medios de producción y la valoración del trabajo humano sobre el capital. Desde el punto de vista jurídico el movimiento de la economía social en el Caribe Hispanoparlante dará pasos importantes en las primeras décadas del siglo XX con la promoción y aprobación de leyes especificas con el propósito de consolidar el sector como una alternativa de producción y organización social, así encontramos en 1910 la primera Ley de Cooperativas en Venezuela, 1920 en Costa Rica, 1924 en Honduras, 1929 en Guatemala, entre otras. El desarrollo de la economía social en el Caribe hispanoparlante comenzará a consolidarse a partir de la década de los años 30, cuando el movimiento se redimensiona producto de la depresión económica mundial y comienza a verse como un movimiento alternativo de producción y organización social para enfrentar los nudos críticos de los ciclos económicos del modelo capitalista. Constituyó una importante respuesta al problema del desempleo y de producción en los diferentes sectores de la economía contribuyendo a mejorar la calidad de vida y la reducción de la pobreza. No obstante a lo interno del sector se generó una enorme contradicción entre los objetivos macro de la economía social y las condiciones laborales de sus asociados, la mayoría de los cuales no están amparados por contrataciones colectivas que les garantice instrumentos de aseguramiento y asistencia del sistema de seguridad social para disfrutar de estabilidad laboral y calidad de vida. Son en su mayoría trabajadores independientes, quienes al no estar en el sector formal y no cotizar, quedan excluidos de los beneficios sociales. Esta contradicción entre un sector considerado como alternativa al modelo capitalista tradicional y aliado estratégico de las políticas públicas para afrontar los problemas de la pobreza, conlleva necesariamente a una revisión de las políticas de protección social bajo las cuales se encuentran estos trabajadores en nuestros países. Igualmente una redefinición del concepto de seguridad social y de las instituciones responsables de su ejecución, para buscar modalidades alternativas que den respuesta a esta problemática. La protección social de los trabajadores de la economía social en América latina y específicamente en el Caribe Hispano, requiere la conjugación de esfuerzos de los diversos sectores directamente involucrados tanto públicos como privados asi como el aporte de las instituciones universitarias y centros de investigación para: abordar su problemática. Es evidente la necesidad de estudios e investigaciones que permitan establecer denominadores comunes para consolidar políticas de protección social que superen los viejos esquemas laboristas y asistencialistas, signados por la cotización obligatoria, dejando al juego del mercado y la caridad del Estado la protección de un numero cada vez mas importante de ciudadanos que laboran en la economía social de nuestros países a veces en condiciones sociales precarias. Este es el objetivo de la presente ponencia.

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