La crisis económica actual, ligada a una profunda crisis del neoliberalismo como principio de regulación, agudiza la necesidad de reformular entre otras cosas la actividad privada y la función pública de distintas organizaciones sociales. A este respecto, el concepto de Innovación Social representa una nueva propuesta que más allá de los cambios puramente organizacionales, profundiza en un plano más institucional, con objeto de reajustar las relaciones sociales y posibilitar así la mejor comprensión de las nuevas necesidades sociales y el modo de afrontar éstas. Por tanto, innovar social e institucionalmente implica replantear las estructuras sociales de poder e idear nuevas fórmulas de gobernanza. Significa, en definitiva, replantear la función pública y social de las instituciones de mercado, de la administración pública y de la sociedad civil. Ante este nuevo gran dilema, resurgen las empresas sociales o entidades de la Economía Social, como agentes que tradicionalmente asumen la provisión de necesidades sociales que se manifiestan por motivo de diversas ineficiencias tanto del Mercado como del Estado, y que deberán reposicionarse y reubicar su actividad en nuevos ámbitos de actuación que sean socialmente deseables y económicamente sostenibles.